TRANSVERSALIDAD DEL GÉNERO

Desde mediados de la década de los ochenta, a nivel internacional se propuso la inclusión del género de una manera transversal en las políticas públicas, buscando tener un impacto en los procesos que intervienen en su definición, ejecución y evaluación. De tal forma que además de afectar los programas y estrategias de intervención, también se influya en la cultura organizacional de las dependencias públicas, dado que la mentalidad, valores y prácticas de las y los servidores públicos se proyectan en el diseño y ejecución de los programas y acciones públicas.

El desafío principal de este enfoque transversal consiste en superar la consideración del género como una “problemática aparte”, que impulsa a las dependencias públicas a crear programas para las mujeres. En su lugar, propone la integración del género como una dimensión que abarque la concepción y métodos de trabajo con que se diseñan, aplican y evalúan las políticas públicas.

La transversalidad del género supone actuar en distintos niveles e instancias, articulando una red de actores diversos, tanto internos como externos, de las dependencias públicas. De aquí que, necesariamente, se requiere de la coordinación interinstitucional y la voluntad de las autoridades para romper la inercia de estructuras sectoriales que operan con una lógica de segmentación. Lógica que se convierte en un obstáculo para el desarrollo de políticas de equidad de género, porque dificulta la coordinación y el diseño de acciones integrales que replanteen los términos de la tradicional división entre la esfera pública y privada.

Para la inclusión transversal del género es necesario:

1. Incluir el género en la agenda institucional de las políticas públicas. Este paso conlleva un análisis crítico de la forma en que está incorporado el principio de equidad de género (véase Cuadro 4) en las políticas vigentes de cada secretaría. Con base en esta valoración, es posible replantear las concepciones imperantes sobre la desigualdad de género y valorar el impacto que tienen los servicios y bienes sobre las relaciones y el balance de equidad entre mujeres y hombres.

2. Promover la coordinación política intersectorial, a fin de garantizar la alineación sectorial con los objetivos previstos. El ejemplo más claro de este paso es la política para prevenir la violencia que, por definición, implica que cada secretaría incorpore los objetivos prioritarios respecto a la prevención, atención y sanción en su marco de acción y programa interno de trabajo.

3. Planear las estrategias de transversalidad y contar con recursos para dar sostenibilidad al proceso.

Una vez que las prioridades de género hayan sido establecidas en la agenda de las instituciones, es necesario desarrollar estrategias de transversalidad que identifiquen los cambios que se requieren implementar en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La selección de estos procesos es muy importante, sobre todo para ubicar aquéllos que, de acuerdo con la experiencia, se relacionan con la desagregación estadística de la información, los procedimientos y métodos de diagnóstico y consulta a la ciudadanía, así como el otorgamiento de servicios, que tienen un efecto directo en los resultados. Por otra parte, la inclusión de estas acciones en el presupuesto operativo anual resulta indispensable para disponer de recursos que viabilicen las transformaciones buscadas.

4. Monitorear y dar seguimiento a la ejecución de las acciones de transversalidad. Para que un plan de intervención tenga éxito, es necesario desarrollar una estrategia de monitoreo y seguimiento que permita identificar los obstáculos en el camino y las alternativas para superarlos.

5. Construir indicadores de género que permitan orientar el sentido de las políticas conforme a los resultados esperados. La construcción de indicadores no es una tarea simple ni estrictamente estadística, como suele pensarse. Supone, en primera instancia, encontrar un modelo teórico sobre las relaciones de género que identifique las áreas más significativas en la producción y reproducción de las desigualdades de género (Guzmán,

1996). Una vez identificado este modelo, contar con estadísticas de género resulta imprescindible para cuantificar la magnitud de la desigualdad y monitorear el impacto de las acciones públicas.

6. Crear una cultura organizacional afín a las innovaciones que supone la incorporación del género. La cultura refiere a los valores y prácticas que dan sentido al trabajo de las personas. Para la transversalidad del género, la cultura organizacional es una pieza clave porque permite generar un ambiente propicio a los cambios y a la equidad. La generación de este ambiente incluye la transformación de las inequidades presentes en el ambiente de trabajo, en rubros como las brechas salariales, la promoción de los puestos, la comunicación organizacional interna, la prevención del hostigamiento sexual y el buen trato y la no discriminación a las mujeres y a aquellas personas con preferencias sexuales distintas o con capacidades diferentes, entre otras.

7. Contar con un sistema de interlocución con la sociedad y los grupos organizados de mujeres. Las políticas públicas son un canal de mediación entre la ciudadanía y el Estado; para que éstas sean pertinentes y adecuadas a las necesidades de la población, se requiere comunicación y consulta ciudadana. En relación con las mujeres, estos canales son indispensables, dada la marginalidad con que los intereses y demandas femeninas han sido incorporados en las políticas del Estado.